El reciente proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificado de urgencia en materia económica y enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, encendió las alertas en el sector empresarial.
La norma plantea un nuevo impuesto a las utilidades no distribuidas, es decir, a aquellas ganancias que las empresas deciden reinvertir en lugar de repartir entre sus accionistas.
Según el artículo 39.2.1 del texto, las sociedades que hasta el 31 de julio de cada año no distribuyan sus utilidades acumuladas de ejercicios anteriores deberán pagar un porcentaje de ese saldo, bajo los términos que defina el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Doble y hasta triple imposición
Este nuevo gravamen se suma al ya existente Impuesto a la Renta y al impuesto a los dividendos.
Además, muchas utilidades acumuladas no representan dinero en caja, por lo que pagar un impuesto sobre montos no líquidos afectaría la operatividad de las empresas y pondría en riesgo su sostenibilidad.
La reforma también podría provocar una distorsión en la toma de decisiones financieras. Las empresas se verían presionadas a repartir dividendos antes del 31 de julio de cada año, sin considerar si es estratégico o viable hacerlo.
3 comentarios
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